La Ley Lassalle nace muerta por resultar ineficaz para la lucha contra la piratería

La Coalición de creadores e industrias de contenidos considera que esta Ley “nace muerta”, puesto que no ha sido incorporada ninguna de las mejoras propuestas, unánimemente, por el sector y la oposición política.

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos considera que la Ley de Propiedad Intelectual aprobada hoy por el Congreso de los Diputados “nace muerta”, pues no resolverá el gravísimo problema de piratería digital que sufre nuestro país, ya que sus mejoras son claramente insuficientes.

Pese a los 565 días de tramitación, las consultas a todos los órganos y agentes representativos, las 169 enmiendas en el Congreso y las 209 enmiendas en el Senado, esta ley no ha sufrido apenas modificaciones con respecto al texto inicial propuesto por el Grupo Popular. “Ya no servirán las excusas, sobre el deficiente marco regulatorio, con las que el Ejecutivo ha estado justificando la nula eficacia de la Administración en la lucha contra la piratería”, señala la directora de la Coalición de creadores, Carlota Navarrete.

En cualquier caso, el texto aprobado es exactamente el que ha querido aprobar el Gobierno, impuesto sin consenso político, pese a los esfuerzos hechos por toda la oposición para alcanzarlo, y sin atender a las demandas de empresas, profesionales y otros titulares de derechos, incumpliendo así compromisos adquiridos y en contradicción con las numerosas ocasiones en que ha insistido en su voluntad de mejorar el marco regulatorio de la lucha contra la piratería, una necesidad reclamada incesantemente dentro y fuera de España.

“Hemos perdido una excelente ocasión para sumarnos al bloque de países desarrollados con una ley que permita proteger con eficacia los contenidos en internet. Ha habido un consenso absoluto y unánime en todo el sector sobre las modificaciones que había que hacer, pero además, también, han sido rogadas por el resto de fuerzas en la oposición, y está claro que el gobierno tampoco les ha escuchado. Más no hemos podido hacer por impulsar aquellas medidas que entendemos eran fundamentales para frenar los elevadísimos índices de descargas ilegales, dar un espaldarazo a los puestos de trabajo y a la productividad de un sector que aporta mucho a nuestro PIB e imagen del país;” – apunta Carlota Navarrete. “utilizando el símil del partido, ya algo manido en esta tramitación, estamos en el tiempo de descuento y veremos si en el marcador el Gobierno puede demostrar con su aplicación que está Ley, pese a todo y todos, no era sólo un espejismo”, cuestiona la directora de la Coalición de creadores.

Por todo ello, desde el momento en que esta ley entre en vigor las industrias culturales y de contenidos exigirán resultados concretos, imprescindibles sin más dilación para proteger a un sector que, según datos del propio Gobierno, facilita 458.000 empleos, un 2,6% del total en España, y supone el 3,5% del PIB. “Aguardamos expectantes el uso que hará el Ejecutivo de la que sin duda es “su” ley, porque ya no servirán las excusas, especialmente sobre el deficiente marco regulatorio, con las que el Ejecutivo justificaba desde 2012 la ineficacia de la Administración en la lucha contra la piratería digital”, señala Carlota Navarrete, directora de la Coalición de creadores.

La Coalición ultima medidas para reaccionar ante esta situación y continuar la lucha contra la piratería de manera contundente. “No hace falta esperar a la aprobación del reglamento, al igual que la reforma eternizante del Código Penal en lo que respecta a esta materia, a pesar de las deficiencias que según nuestro criterio tiene, si la quieren aplicar, desde el mismo instante de su entrada en vigor podremos corroborar la voluntad del ejecutivo”, añade Navarrete.

La piratería digital de contenidos ha seguido creciendo en España hasta superar en 2013 los 3.192 millones de descargas ilegales, superando el valor de lo pirateado online los 16.136 millones de euros. Además, frustró 26.000 empleos e impidió ingresos públicos de 526,2 millones de euros, ya que la actividad económica ilegal no paga impuestos como el IRPF o el IVA ni cotizaciones a la Seguridad Social.