Autores y editores de todo el mundo reclaman al Gobierno español mayor protección de la propiedad intelectual

IFRRO, la federación internacional que cuenta con 144 miembros de 79 países, entre entidades de gestión de derechos y asociaciones de autores y editores, ha hecho llegar al presidente del Gobierno de España una resolución. En esta declaración se denuncia la desprotección de la propiedad intelectual que se está produciendo en España y se solicitan cambios en la legislación para revertir esta situación.

IFRRO acaba de enviar al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en nombre de todos los autores y editores a los que representa, la resolución que su Asamblea General aprobó el pasado 29 de octubre, en Seúl (Corea).

En este documento manifiesta su «gran preocupación por la desprotección de la propiedad intelectual que se está produciendo en España», y en especial en la gestión colectiva del sector editorial, así como por el empobrecimiento que esta situación está ocasionando a los creadores y a las editoriales en España.

En la declaración se señala como detonantes de esta situación los cambios efectuados en los últimos años en la Ley de Propiedad Intelectual española y la falta de rigor en la aplicación de la legislación en esta materia. Esta Federación solicita una serie de cambios en la legislación española para conseguir revertir esta situación.

Desde IFRRO se considera que esta desprotección está ocasionada por la práctica eliminación para autores y editores de la compensación por la copia privada de sus obras, y por la negativa de los responsables de las enseñanzas regladas no universitaria a obtener la licencia necesaria de CEDRO para la reutilización de contenidos de libros y otras publicaciones.

Esta federación de autores y editores, también denuncia en su resolución la imposibilidad de gestionar el derecho de préstamo público debido a una «legislación incompleta», así como la «falta de medidas eficientes que permitan luchar contra la piratería de libros, partituras, revistas y periódicos.»

IFRRO considera que los autores y editores españoles no están siendo remunerados por el uso real de sus obras, y que son «discriminados, frente a los demás países europeos que protegen adecuadamente los derechos de propiedad intelectual». Todo esto, a juicio de IFRRO, desincentiva y mina la protección del patrimonio literario y científico-técnico de España.

Peticiones al Gobierno de España y a la UE
Desde esta Federación se solicita al Gobierno de España que «garantice que autores y editores reciban una compensación justa por la copia privada de sus obras, de acuerdo con la normativa europea».

Además pide que prevea las «fórmulas legales y presupuestarias» necesarias para que las instituciones responsables de la enseñanza reglada no universitaria obtengan la licencia que les permita reproducir legalmente libros y otras publicaciones para el uso de profesores y alumnos.

IFRRO también ha requerido a Mariano Rajoy que establezca los mecanismos de colaboración adecuados para que los autores, españoles y de otros países, sean remunerados por el préstamo público de sus obras de acuerdo con la legislación de la Unión Europea, y que España cuente con los medios adecuados para luchar contra la piratería en Internet.

Esta resolución también se ha enviado al vicepresidente de la UE, a su Comisario de Economía Digital, y a su responsable de la Unidad de Derechos de Autor con el fin de que conozcan las peticiones que la comunidad internacional agrupada en IFRRO hace al Gobierno español.