El caso Allostreaming ha llegado a su fin en el circuito judicial francés y marca un nuevo hito en la jurisprudencia europea contra la piratería: el Tribunal Supremo de Francia ha dictaminado que en los casos en que se ordene administrativa o judicialmente el bloqueo de una web por infracción contra la propiedad intelectual, tanto los proveedores de servicios de internet (ISP) como los motores de búsqueda deberán asumir los costes económicos que suponga ejecutar dicho bloqueo.