La Coalición de creadores valora el progreso hacia una tutela penal eficaz de la propiedad intelectual
La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos valora la nueva redacción de los artículos 270 y 271 incorporada al proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal como un avance positivo hacia la imprescindible y urgente mejora de la tutela penal de la propiedad intelectual en internet.
La reforma se pone en marcha la misma semana en que la Memoria del Ministerio Fiscal ha constatado “un incremento de las acciones irregulares contra la propiedad intelectual a través de internet”, y afirmado que es necesaria una actualización de las penas contra estos delitos, lo que podría apuntar que la Administración española parece decidida a actuar contra un mercado ilegal que desde hace años mantiene a nuestro país entre los primeros del mundo en consumo-tráfico ilícito de contenidos.
La Coalición de creadores quiere recordar que durante el año 2012 en España tuvieron lugar 2.118 millones de descargas ilegales de música, 536,2 millones de películas, 226,9 millones de libros y 168,2 millones de videojuegos.
Espaldarazo a la oferta legal de contenidos frente a los delincuentes: podría haber luz verde para las inversiones de las industrias culturales
Que la reforma del código penal salga adelante con estos cambios es un mensaje de esperanza tanto para los creadores como para todo un tejido empresarial e industrial que desde hace ya demasiados años se esfuerza por desarrollar modelos legales de distribución de contenidos, y que no puede ser eficiente, ni siquiera sostenible, sin la asunción de medidas que erradiquen la feroz competencia desleal que se estaba consolidando y enriqueciendo injustamente ante la ambigüedad legal de nuestro país.
Primeros pasos para restablecer la seguridad en la red: los delitos contra la propiedad intelectual en Internet tienen consecuencias
En lo referido a la cuestión de que estas actuaciones y comportamientos ilícitos sean perseguidas por la vía penal en los casos más graves, del mismo modo que son perseguidos en las vías civil y administrativa, es un primer paso en la línea de las demandas planteadas durante años por las industrias culturales, y enérgicamente por La Coalición, para lograr un desarrollo sostenible y equilibrado de la Sociedad de la Información. Conviene recordar que el estudio sobre Piratería y hábitos de consumo digitales de 2012, presentado hace unos meses, ponía de manifiesto la absoluta carencia de un mensaje claro de los poderes públicos a la ciudadanía sobre esta actividad ilegal. El 51% de los usuarios que acceden a los contenidos ilícitos reconocen hacerlo con facilidad y rapidez, sin trabas de ningún tipo que les dificulten el acceso. Y un 20% afirmaba que lo hace porque considera que no se trata de una actividad ilegal y no hace daño a ningún sector ni a nadie, en línea con la percepción que tenía también un alto número de internautas de que no había consecuencias legales. Esta reforma puede ayudar a aclarar rotundamente estas percepciones.
Una reforma imprescindible y proporcionada. Jaque a los delincuentes de la propiedad intelectual
Así, que la reforma plantee la elevación de la pena prevista hasta un máximo de 6 años de prisión e incluya expresamente a las páginas de enlaces en el tipo penal es una clarificación muy relevante por cuanto supone la consideración de los delitos previstos en el precepto como graves, lo que permitirá aplicar medios procesales y materiales para la investigación y persecución de unas actividades que, por su naturaleza y por su evidente relación con la delincuencia organizada, así lo requieren.
Esta reforma se centra en las conductas delictivas más graves y no afecta por tanto al ciudadano que acceda o descargue el contenido, no se le criminaliza. A pesar de los intentos de algunos, interesados por relativizar la gravedad de estos delitos, hay que tener muy presente que las conductas que podrán ser sancionadas con las penas mayores son especialmente graves y que deben ser contempladas como proporcionales o ponderadas al perjuicio y daño causado por la constante y masiva violación de derechos. No se puede obviar que otros delitos contra el patrimonio, como el hurto de especial gravedad, reciben penas similares, y los delitos contra la propiedad intelectual provocan, más allá de los daños a todo un sector creativo, una lesión al patrimonio cultural e intelectual innegable.
El futuro de una industria, miles de empleos en peligro y la imagen de un país
Por todo ello, La Coalición considera una noticia positiva, un progreso en la defensa de los derechos de autor, que por fin el Código Penal establezca de forma clara e inequívoca la ilicitud de las webs de enlaces, acabando con un interrogante normativo que nos ha llevado a encabezar los rankings mundiales de piratería. La reforma en este sentido situará a España en línea con los Estados más avanzados económica y socialmente, que ya han adoptado iniciativas legislativas para luchar adecuada y eficazmente contra estos delitos.
La Coalición quiere alentar al gobierno a continuar impulsando medidas, como las que presenta hoy en su proyecto de reforma de código penal, para que, con igual determinación, proporcione una protección clara y contundente también en los términos del anteproyecto para la reforma de la ley de propiedad intelectual que se está ultimando, y evidencie su compromiso firme con la industria cultural de los contenidos, la oferta legal, en su condición de sector estratégico para nuestro país y su recuperación económica.