Paso adelante contra la piratería
Los miembros de la Coalición de creadores e industrias de contenidos celebran la ratificación de la ponencia y aprobación del proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso.
Las decenas de miles de creadores y empresas que sufren día a día los perjuicios de la piratería digital quieren mostrar su reconocimiento público a PSOE, PP, Ciudadanos y PDeCAT por su esfuerzo en la defensa de los contenidos culturales y de entretenimiento y el amplio consenso logrado en relación a las necesidades que aborda esta reforma, lamentando que otros grupos parlamentarios no hayan tenido el mismo sentido de la responsabilidad con una cuestión esencial para los creadores y el mundo de la cultura.
Carlota Navarrete, directora de la Coalición, apunta: “Debemos destacar el paso adelante que suponen las mejoras incluidas en la lucha contra la piratería digital de contenidos, que permitirán, al igual que en países de nuestro entorno como Portugal, Italia, Francia o Reino Unido, entre otros, una mayor protección de la propiedad intelectual en el entorno digital, al favorecer la colaboración entre creadores, agentes de publicidad, medios de pago, buscadores y operadores de telecomunicaciones, lo que resulta esencial para disfrutar de un ecosistema de contenidos digitales sano y competitivo”.
“La aprobación de hoy –añade Navarrete- es un síntoma de madurez y de que hay un compromiso firme de tolerancia cero contra la piratería por parte del poder legislativo. Los diputados han demostrado que entienden el perjuicio que causa la piratería al empleo, a las arcas públicas, a los creadores y a las industrias, y han dado un paso adelante en la buena dirección para colocar a España al nivel de los países de nuestro entorno, que han adoptado medidas como estas con anterioridad”.
El requisito de la autorización judicial previa en el procedimiento de salvaguarda (restablecimiento de la legalidad) no se toca en esta propuesta de PSOE, PP y Ciudadanos. La mejora afecta únicamente al procedimiento sancionador de la Ley de Propiedad Intelectual y tiene únicamente carácter técnico.
La Administración, en ejercicio de su potestad, puede iniciar un procedimiento sancionador cuando, tras varias resoluciones previas – y sus consiguientes autorizaciones judiciales –, la web reitera su comportamiento infractor. Al ser un procedimiento sancionador en la Ley se le reconocen especiales garantías, salvaguardando el control judicial si la web objeto de sanción acude al control judicial contencioso-administrativo, incluyendo la solicitud de suspensión del cese.
“Quien considera que esta reforma sirve para cerrar webs sin autorización judicial es que no conoce la LPI y las garantías que establece. Los filtros y garantías son elevados, por lo que se va a dotar de mayor agilidad al procedimiento a pesar de que no existe posibilidad alguna, ni actualmente ni con esta reforma, de vulneración de derechos fundamentales”, recuerda la directora de la Coalición.
“Esta mejora es muy necesaria y será muy beneficiosa para la oferta legal y para todos los intermediarios y prestadores de servicios en internet, que verán junto a los creadores mejor protegidos sus derechos frente al expolio de las empresas y negocios piratas”.
“Desde que se incorporase en 2011 el procedimiento administrativo de lucha contra la piratería, los tiempos de su aplicación han sido más lentos de lo esperado, por lo que creemos que con estos pequeños ajustes se podrá agilizar en casi un 50 %, lo que sin duda es una buena noticia. Nuestro colectivo sufre año tras año un grave perjuicio a causa de la piratería digital, y se hace urgente y necesario proteger con eficacia a un sector que facilita 458.000 empleos, un 2,6 % del total en España, y supone el 3,5 % del PIB”, concluye Navarrete.
Según el Observatorio de piratería y hábitos de consumo digitales, en 2017 hubo 4.005 millones de accesos digitales ilegales a contenidos por valor de 21.899 millones de euros, ocasionando un perjuicio al sector, de 1.857 millones. El Estado dejó de ingresar un total de 575 millones de euros, lo que suma un acumulado desde 2012 de 3.347 millones de euros, y que no se hayan podido crear más de 142.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.