La industria cultural clama por la creación de una Oficina Española de Derechos de Propiedad Intelectual
La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha estado presente, un año más, en la Feria Internacional del Libro,..
La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha estado presente, un año más, en la Feria Internacional del Libro, LIBER 2022
Especialistas internacionales y españoles debaten y reclaman la puesta en marcha de un organismo autónomo que consideran necesario para una mayor protección de un sector clave
Barcelona, 7 de octubre de 2022. La 40ª edición de la Feria Internacional del Libro, LIBER 2022, ha sido escenario de una reivindicación histórica de los creadores y la industria cultural desde hace décadas: la puesta en marcha de un órgano especializado, autónomo y dotado de suficiencia financiera que centralice la acción política en materia de propiedad intelectual. En este sentido, el sector cultural ha vuelto a clamar por la urgente aprobación de la ley que regularía la creación de la Oficina Española de Derechos de Propiedad Intelectual, en la que el Ministerio de Cultura y Deporte viene trabajando desde hace tiempo.
Así lo han manifestado los distintos expertos de la mesa redonda “Actores y estructuras para el éxito de la gestión de la propiedad Intelectual: la Creación de la Oficina Española de los Derechos de Autor y Conexos”, organizada en el día de hoy, 7 de octubre, por La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos en el marco de la principal feria editorial de nuestro país, en la que se han dado cita más de 300 empresas expositoras, 12 países representados, 50 ponencias y 130 expertos.
En este encuentro han tomado parte, bajo la moderación de Carlota Navarrete, directora general de La Coalición, Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte, Marisa Castelo, presidenta del Instituto Autor, Lodovico Benvenutti, director de la oficina europea de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), y Lucas Blanque, letrado del Consejo de Estado y especialista en propiedad intelectual, quienes han debatido sobre las competencias y los ámbitos de actuación de un organismo que debe ser clave como instrumento estratégico para implementar la protección de los derechos de propiedad intelectual en España.
Contexto de creciente digitalización
Todos los intervinientes han coincidido en señalar que el actual marco legal e institucional es ahora mismo insuficiente para impulsar una política integral y efectiva de promoción y protección de los derechos de propiedad intelectual, acorde a la importancia de este activo en el sector cultural español, que representa un 3,4% del PIB y del que dependen más de 700.000 puestos de trabajo.
“La inexistencia de este organismo en España, dotado de mayor capacidad de obrar y suficientes recursos financieros, materiales y humanos, lastra en estos momentos el desarrollo y la ejecución de un modelo español de promoción y protección de la propiedad intelectual como el que defiende La Coalición, en un contexto trepidante de creciente digitalización y puesta en valor de los contenidos”, ha subrayado Carlota Navarrete.
Exigencias de la sociedad de la información
Por su parte, Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, ha incidido en el hecho de que “hoy nadie duda de que el sistema de propiedad intelectual está en la base y en el centro del enorme potencial de desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas de nuestro país”. De ahí la trascendencia de la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, cuyo objetivo “es reforzar las estructuras administrativas dedicadas a la protección y la promoción de la propiedad intelectual, adecuándolas a las exigencias propias de la sociedad de la información actual y dotándolas de una importancia acorde a la de este activo para nuestro sector cultural y para la economía española en general”.
Profundo compromiso de España con los derechos de autor
Tampoco ha querido el responsable de oficina europea de la IFPI, Lodovico Benvenutti, pasar por alto la magnífica oportunidad que se abre para España con la aprobación de la Oficina. Según ha manifestado, echando mano de su propia experiencia personal, “en los 17 años que llevo representando a las industrias creativas en Bruselas, he experimentado de primera mano el profundo compromiso de España con la promoción y la defensa de un acervo de derechos de autor de la UE equilibrado y eficaz”. De ahí que apuntara el camino a seguir, en el que España parte con ventaja: “con desarrollos tecnológicos constantes y rápidos, que crean un camino cada vez más complejo para nuestro sector, necesitamos que Estados miembros como España cuenten con todas las herramientas necesarias para hacer cumplir o adaptar, donde sea necesario, todas las normas digitales y de derechos de autor”. Y ha cerrado su intervención asegurando que “la creación de esta ‘oficina de derechos de autor’ es, en mi opinión, un paso esencial en esta dirección”.
Nivel de protección similar al de países de nuestro entorno
Durante su intervención, el letrado del Consejo de Estado Lucas Blanque ha querido destacar la grandísima oportunidad que representa contar con una entidad como la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, cuya creación constituirá un hito muy destacable en la protección de la propiedad intelectual en España. “Nuestro ordenamiento avanzará en la tutela de los derechos de autor para situarse en un nivel similar al que poseen países de nuestro entorno como Portugal o Francia”, ha resaltado, para finalmente reclamar que “la entidad sea dotada de los medios y las competencias necesarios para que el mensaje que se envía a la sociedad con su constitución se vea refrendado en la práctica diaria de tutela de los mencionados derechos”.
La contribución de las industrias culturales al bienestar social y a la economía
En opinión de la presidenta del Instituto Autor, Marisa Castelo, detrás del anteproyecto se aprecia un propósito ambicioso e ilusionante, “absolutamente imprescindible por muchas razones”, entre las que ha apuntado “la visión de futuro que se percibe y la constatación de que, tanto desde Europa como desde nuestro Gobierno, se está valorando y apostando por la extraordinaria importancia que tienen nuestra creatividad, nuestras manifestaciones artísticas y nuestras industrias culturales, áreas en las que España es una potencia mundial, lo que se traduce en un importantísimo valor económico y un elemento de bienestar social”. Además de subrayar la imperiosa necesidad de proteger la propiedad intelectual y los derechos de creadores e industrias para que sigan creando y produciendo, ha concluido: “ahora lo que se necesita es una apuesta presupuestaria acorde con la magnitud del proyecto”.
Amplias competencias de la futura oficina
La directora general de La Coalición ha cerrado la mesa redonda insistiendo igualmente en que el nuevo organismo que se apruebe deberá tener también, además de autonomía financiera, competencias para la lucha contra la vulneración de la propiedad intelectual en Internet, puesto que, en España, a pesar del descenso acumulado del 20% desde 2018, la piratería digital continúa mostrando altos índices, como constató el último Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales de 2021, presentado hace unas semanas: “la Oficina, entre otros cometidos, debe asumir amplias competencias, tanto de elaboración de normativa exclusiva como de ejecución y aplicación de la misma, incluyendo funciones de control sobre la actividad de las plataformas digitales que afecte a los derechos de propiedad intelectual, capacidad coercitiva contra la vulneración de estos y la posibilidad de imponer sanciones a los infractores”.
Sobre La Coalición
La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos está integrada por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), la Sociedad de Artistas Intérpretes Ejecutantes de España (AIE), la Asociación de Canales Temáticos (CONECTA), la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), los Productores de Música de España (PROMUSICAE), la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la Unión Videográfica Española (UVE) y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP).