Los sitios web que enlazan a contenido protegido infringiendo derechos de propiedad intelectual no eran hasta la fecha ilegales según la ley japonesa. El gobierno ultima una reforma legislativa que contempla penas de prisión de hasta cinco años para los propietarios de las webs de enlaces que faciliten el acceso a contenidos pirateados y se nieguen a atender las solicitudes de eliminación.